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Once años del ‘Baguazo’ y no hay ningún responsable.

En enero de este año se confirmó la inocencia de 53 indígenas que fueron acusados de asesinar a 23 policías. Sin embargo, ningún político ha sido procesado por este caso.

El 5 de junio de 2009 no se olvida. Once años han pasado desde el conflicto social conocido como el “Baguazo”. Cientos de nativos de las comunidades awajún y wampis llevaban más de 40 días bloqueando la carretera Fernando Belaunde, en Amazonas, pidiendo la derogación de dos decretos legislativos que eran considerados por las comunidades amazónicas como una violación a sus derechos de territorialidad.

La policía intervino para desalojarlos y se generó un enfrentamiento en la zona conocida como ‘La Curva del Diablo’, donde fallecieron al menos 10 ciudadanos indígenas y 23 agentes del orden. Pese a esto, la comunidad indígena intenta mirar hacia adelante, como lo menciona uno de sus dirigentes, Santiago Manuin Valera.

Como se recuerda, en el año 2009 el gobierno del fallecido Alan García Pérez aprobó dos decretos legislativos que daban al Ejecutivo la facultad de entregar la exploración y explotación minera a favor de una empresa privada. Esto como parte de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos.

Esta decisión judicial provocó que comunidades indígenas awajún, wuampis y mestizos se opongan a la decisión política que vulneraba sus derechos y atentaba contra los territorios de sus comunidades. Tras infructuosas negociaciones e intentos de dialogo, los comuneros hicieron sentir su reclamo bloqueando la carretera Fernando Belaunde Terry, que para el 5 de junio de 2009 y llevaba más de 53 días cerrada.

La respuesta del gobierno de García Pérez fue enviar a 369 efectivos policiales para iniciar el desalojo de los manifestantes indígenas, originándose un violento enfrentamiento que terminó en masacre producto del reducido número de policías y la desventaja que tenían los comuneros para defenderse, entre otros factores.

En el caso “Baguazo” en enero de este año el Poder Judicial en segunda instancia absolvió a los 53 indígenas acusados por delitos como homicidio agravado y lesiones graves, entre otros, en agravio de 27 policías (12 muertos y 15 heridos). Tal como informó La República la Fiscalía y la Procuraduría del Ministerio del Interior habían apelado el fallo de primera instancia que los había declarado inocentes en juicio oral.

Algunos de los procesos judiciales que están pendientes son el presunto homicidio de cuatro indígenas a manos de tres policías, la desaparación del mayor Bazán y la toma del estación “Estación 6” de Petroperú. Mientras ningún responsable político ha sido procesado por este caso.

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Written by Matador.pe

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